También es verdad que el artículo Vigésimo Transitorio del decreto por el que se expidió la nueva ley establece que a partir de que quede integrado el pleno de la CRT “se suspenden por un plazo de quince días hábiles todos y cada uno de los trámites y procedimientos derivados de las disposiciones del presente Decreto y demás normativa aplicable…”. Esto significa únicamente que dentro de tres semanas aproximadamente se reinicia la contabilidad de los días previstos como plazo para el desahogo de los distintos trámites que ahora están a cargo de la CRT. Así que mucho tiempo no tendrán para mostrar que ya están ejerciendo a plenitud sus facultades de regulación y supervisión. El problema es que los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión son intensivos en capital y México, como país, no puede darse el lujo de que muchas decisiones se frenen o que se reduzca el ritmo para la adopción de éstas.

Resulta vital recordarle a quienes ahora integran el pleno de la CRT que las autoridades reguladoras del sector telecomunicaciones en todos los países surgieron a partir de la necesidad de lograr que el mercado de telecomunicaciones funcionara “como si estuviera en competencia”. Las fallas de mercado siguen ahí, no se evaporaron. Esto significa que un ente como la CRT tiene un papel relevante para evitar que las empresas con poder de mercado reinstalen las prácticas o conductas que en su momento provocaron la salida o empequeñecimiento de diversos competidores, descuidar ello es condenar a México a un sector telecomunicaciones con menores niveles de desarrollo. Con esto quiero decir que resulta necesario que la CRT se asiente y muy pronto nos pueda revelar una agenda regulatoria de vanguardia, que no se limite a hablar de derechos de las audiencias y protección de recursos orbitales, porque los retos van mucho más allá. Hay que recordar que la CRT tiene naturaleza de órgano administrativo desconcentrado, adscrito a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), con independencia técnica, operativa y de gestión, lo que no impedirá que su pleno resienta la influencia del titular de la ATDT de vez en cuando.

No digo esto para descalificar al actual titular, simplemente es una cuestión que está en la naturaleza humana y que ya sea con él o con cualquier otra persona que encabece esa secretaría de Estado, esa tentación estará siempre presente. Y ahí es donde reside de manera destacada una diferencia central con el ahora extinto IFT, que no ha quedado clara a muchos: que ese instituto tenía una naturaleza cuasi legislativa que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo la deferencia en reconocerle, cuando estableció que donde el legislador (es decir, el Congreso) no había previsto alguna disposición o criterio, el IFT tenía plena jurisdicción para emitir la reglamentación que resultara necesaria para llevar a cabo su facultad regulatoria, sin que ello se considerara una invasión a la competencia del Poder Legislativo. La CRT, al no tener el rango de órgano constitucional autónomo y que ahora forma parte de la estructura del Poder Ejecutivo Federal, evidentemente no goza de esa deferencia. La CRT tiene enormes desafíos.

          Carlos Slim Domit, presidente de América Móvil, aseguró que estamos atravesando una nueva era habilitada por la conectividad que permite a las personas acceder a más servicios como salud, educación o trabajo, creando mayor igualdad y, en consecuencia, un impacto positivo en la economía en general.