La Crisis de la Subasta de Espectro en la Región: ¿Coqueteos con el Beauty Contest?
Desde esta perspectiva, la subasta no incorpora de manera directa consideraciones relativas a cobertura, calidad o inclusión digital, salvo que estas se introduzcan mediante obligaciones complementarias. Su principal virtud —y, a la vez, su mayor crítica— radica en que prioriza la eficiencia recaudatoria, manteniendo una relación instrumental con los objetivos de política social. Por lo general, lo que le importa es el dinero.
Los procedimientos de sorteo y lotería
Los mecanismos de sorteo y lotería —basados en el azar, la suerte o el favor de los dioses— han tenido un uso marginal y hoy se encuentran prácticamente en desuso, debido a su baja eficiencia asignativa. El sorteo asigna el derecho de uso exclusivamente por azar, mientras que la lotería también se basa en el azar, pero exige el pago previo de una suma fija como condición para participar en el concurso.
Con todo, estos mecanismos son duros de matar, subsistiendo de forma residual en ciertas jurisdicciones. En Chile, por ejemplo, el sorteo sigue operando como mecanismo de desempate en concursos públicos de radiodifusión sonora, conforme a la Ley General de Telecomunicaciones.
Latinoamérica frente al caso chileno
En la práctica latinoamericana, la subasta se ha consolidado como el mecanismo dominante de asignación de espectro radioeléctrico, siendo aplicada —con distintos diseños, condiciones y grados de intensidad— por la gran mayoría de los países de la región. Entre los casos más representativos se encuentran Brasil, México, Argentina y Colombia, donde la asignación de derechos de uso se estructura, esencialmente, sobre criterios económicos.
Chile, sin embargo, constituye una excepción relevante dentro del contexto regional, al privilegiar formalmente la selección comparativa como mecanismo de adjudicación.
No obstante, este diseño incorpora una fase económica obligatoria en caso de empate técnico, denominada legalmente “licitación”, lo que en la práctica introduce un componente competitivo de naturaleza similar a la subasta.
El resultado es un modelo híbrido singular, que combina la evaluación técnica de las propuestas con un desempate económico. Esto equilibra objetivos de política pública social con criterios de eficiencia asignativa.
Este diseño ha contribuido a posicionar a Chile como un referente regional en conectividad digital —algunos nos apodan “la Suiza de Latinoamérica”— y permitió que los concursos 5G de 2021 y 2024 generaran ingresos fiscales inéditos.
Sin embargo, ello abre un debate relevante: el riesgo de que el afán recaudatorio —la “codicia del Estado”— termine desvirtuando la función social y económica del espectro como insumo esencial para la conectividad. El espectro es un bien nacional de uso público, no una fuente ordinaria de rentas fiscales. El Estado no lo administra para hacer negocios y vivir de sus ingresos.
La crisis de la subasta pura
Hoy, el modelo de subasta pura enfrenta crecientes cuestionamientos. En numerosos países, las exigencias de cobertura geográfica, niveles de inversión, requisitos técnicos y calidad de servicio se han trasladado a la fase previa de admisibilidad, configurando verdaderos “micro beauty contests” antes de la puja económica (subasta).
Colombia y Brasil ofrecen ejemplos de subastas reconfiguradas, donde parte del valor se traslada desde el pago monetario hacia compromisos efectivos de infraestructura, especialmente en zonas rurales o de baja rentabilidad.
No obstante, estos diseños también generan riesgos. Si no se realizan las deducciones adecuadas, el espectro puede encarecerse y elevar los costos de inversión. A ello se suma que, en muchos casos, los operadores pagan dos veces por el mismo recurso: en la asignación inicial y mediante tasas anuales. No es casual que algunos hayan optado por devolver frecuencias, como Telefónica en México (2019-2022) y WOM en Chile (2024).
Subastas, gigabit y subdesarrollo
Esta discusión resulta particularmente relevante en América Latina. La liberación de mayores cantidades de espectro puede reducir la necesidad de desplegar más antenas y permitir mayores anchos de banda a menor costo.
La comparación internacional muestra que, mientras Europa se ha fijado como sueño político alcanzar conexiones de 1 gigabit hacia 2030, sus velocidades promedio actuales aún se sitúan muy por debajo de ese umbral.
En términos concretos, la Unión Europea registra velocidades promedio de descarga en banda ancha fija del orden de 160 a 170 Mbps. En América Latina, en cambio, los desempeños son sensiblemente inferiores en dichas conexiones fijas. Países como México y Argentina alcanzan promedios cercanos a los 35 Mbps, mientras que Uruguay y Chile se sitúan en torno a los 80 y 90 Mbps.
Esta brecha en la calidad de la conectividad entre países ricos y países de la plebe —expresada principalmente en la velocidad efectiva de las conexiones— debiera ser considerada con seriedad al momento de definir las políticas de asignación del espectro radioeléctrico.
No pocas economías de América Latina se debaten aún en condiciones de pobreza estructural, viviendo prácticamente al día, mientras otras naciones transitamos con los temores y vulnerabilidades propios de una clase media expuesta al riesgo permanente del retroceso social.
En este contexto, mejorar los mecanismos de asignación del espectro —introduciendo, por ejemplo, elementos propios de la selección comparativa entre los requisitos de admisión a la subasta— constituye una decisión sabia y prudente para combatir parte del subdesarrollo.
Esta política tendría como propósito expandir la capilaridad de las redes entre los territorios, ampliando así el acceso efectivo de la población a servicios de conectividad de calidad. Con esta medida, los gobiernos podrían reducir la brecha digital de acceso, que es el primer peldaño de las múltiples digital divides que azotan a nuestros queridos países de las Indias Occidentales.
Abre CRT consulta para Lineamientos de Concesiones de Radio Social Comunitaria, Indígena y Afromexicana
En la actualidad, el regulador tiene un registro de 735 concesiones de uso social en el país, de las cuales 216 son comunitarias, 33 indígenas y cinco títulos otorgados para comunidades afromexicanas, de las cuales, una de ellas ya dio aviso de inicio de transmisiones
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) abrió la consulta sobre los lineamientos para otorgar las concesiones de radio social comunitaria, indígena y afromexicana.
La consulta se encuentra en la página de internet del organismo, en el sitio https://portal.crt.gob.mx/consultapublica y estará abierta durante un periodo de 20 días hábiles contados a partir de hoy.
El Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó por unanimidad someter a consulta pública los “Lineamientos para el Otorgamiento de Concesiones para Uso Social Comunitarias, Indígenas y Afromexicanas previstas en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión”.
Como resultado de esta modificación, por primera vez, se prevé la eliminación de requisitos como la capacidad económica, administrativa, jurídica y financiera, que eran una barrera para que las comunidades pudieran acceder a una concesión, destacó el organismo que dirige Norma Solano,
“Se trata de una propuesta regulatoria que busca facilitar el acceso a las concesiones para los pueblos originarios y comunidades afromexicanas, de una manera sencilla y con procesos simplificados”, se menciona en un comunicado de la CRT.
Indicó que con la consulta se recabarán todos los comentarios, opiniones y aportaciones de las personas interesadas en una concesión, así como de comunidades, organizaciones y público en general.
“Este nuevo marco jurídico refuerza que el espectro es un bien público que debe servir a toda la población mexicana y dar voz a las comunidades que históricamente han sido marginadas en el desarrollo tecnológico”, mencionó la Comisión.
Agregó que la propuesta reúne las opiniones y comentarios recabados durante el pasado mes de noviembre en diversas mesas de diálogo con las comunidades.
En la actualidad, el regulador tiene un registro de 735 concesiones de uso social en el país, de las cuales 216 son comunitarias, 33 indígenas y cinco títulos otorgados para comunidades afromexicanas, de las cuales, una de ellas ya dio aviso de inicio de transmisiones.
Durante la cuarta sesión del pleno, la comisionada presidenta, Norma Solano, y las comisionadas Ledénika Méndez, Mercedes Olivares, Tania Villa y Adán Salazar, coincidieron en que es vital agilizar el acceso al espectro desde una perspectiva intercultural, al reconocer que la radiodifusión es fundamental para el ejercicio efectivo de los derechos humanos.
Apoyamos la Regulación Clara, Independiente, Objetiva y Transparente: Sergio Scarabino de UIT
